La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR) desplegará, desde el lunes 27 de mayo hasta el 3 de junio, agentes del Ministerio Público Federal (MPF) en los 32 estados del país para atender las denuncias ciudadanas durante la jornada electoral, en la cual podrán votar más de 98 millones de mexicanos.

 

“El 2 de junio se disputarán 20 mil 708 cargos públicos, de los cuales 629 son de nivel federal, incluyendo la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Por esto, esta elección es una de las más grandes y complejas de nuestra historia, y en este contexto, la FISEL tiene un rol crucial para garantizar elecciones libres, limpias y justas”, expresó José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Electoral, ante el personal desplegado en los estados.

 

El fiscal electoral destacó que su institución tiene la capacidad operativa para gestionar las incidencias relacionadas con delitos electorales, apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), responsable de las 32 fiscalías federales de la FGR.

 

Mencionó que el despliegue ministerial es parte del trabajo previo realizado en coordinación con la FGR, y para asegurar personal capacitado, más de 7 mil funcionarios públicos (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) han profundizado sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

 

Además de atender denuncias en los estados, Ortiz Pinchetti detalló que el personal de la FISEL realizará acciones de blindaje electoral, incluyendo la protección de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal y su participación en mesas de seguridad y paz locales.

 

También instó a la ciudadanía a denunciar delitos electorales a través de los Sistemas de Atención Ciudadana: FISENET (www.fisenet.fgr.org.mx) y FISETEL (800 833 7233).

 

Entre los delitos mencionados están la compra o coacción del voto, la retención injustificada de credenciales de elector, el uso indebido de recursos públicos federales, la utilización de programas sociales federales con fines político-electorales y el proselitismo el día de la elección.

 

Otros actos sancionables incluyen la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes para influir en el sentido del voto.