El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que los integrantes del “cártel inmobiliario”, responsables de la construcción de obras irregulares con pisos de más en la Alcaldía Benito Juárez, ahora buscan conformar el “cártel del agua” con la privatización de este recurso.

 

En conferencia de prensa, estimó que los inmuebles donde se construyeron pisos de más, le quitan 500 mil litros de agua al mes a los habitantes de la demarcación.

 

“El vínculo entre el “cártel inmobiliario” y el tema del agua tiene varios nexos. Por ejemplo, en el caso del impacto que ha tenido el cártel inmobiliario, le ha quitado ya no digamos a los habitantes de la ciudad, a los propios habitantes de Benito Juárez, el cártel inmobiliario les está quitando medio millón de litros de agua al mes, porque es el impacto de todas las construcciones ilegales que han hecho a lo largo de todos estos años. ¿Y qué quisieran? Bueno, pues convertir el agua en un gran negocio, por eso todo su discurso (...) En el tema del agua encontramos que el cártel inmobiliario ansía convertirse en el cártel del agua, pero se va a quedar con las ganas”, señaló.

 

A su vez, el mandatario informó que al investigar el origen del tema de la calidad del agua en el norponiente de Benito Juárez, pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) llevar a cabo un recorrido por las obras en construcción situadas en las 10 colonias de dicha zona y así fue como fueron identificados otros tres casos de edificaciones con pisos de más que ya fueron denunciados penalmente.

 

“Nos interesaba que se visitaran las obras, porque si una obra que autorizó la Alcaldía Benito Juárez en División del Norte perforó un túnel del Metro, pues era factible que hubiera podido perforar alguna instalación hidráulica, entonces visitaron todas las obras, había una gran cantidad de obras de las cuales no se tenía conocimiento de parte del gobierno de la ciudad, obras que requerían autorizaciones por razones de patrimonio cultural que no las tenían y obras donde se están construyendo niveles adicionales, entonces resulta curioso que en la búsqueda de otro problema aparezca asomado el “cártel inmobiliario” con sus ilegalidades”, mencionó.

 

En tanto, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que las obras denunciadas por tener pisos de más son Miguel Ángel número 73, en la Colonia Nonoalco, además de Cádiz 22 y 24, ambas ubicadas en la colonia Insurgentes Mixcoac.

 

“En el recorrido y en este trabajo de investigación que, según la Ley Orgánica de las Alcaldías y la Constitución, debe llevar a cabo día con día la propia Alcaldía Benito Juárez, trabajo que por lo visto no lleva a cabo, lo que encontramos fue que tres obras en proceso de construcción registran un excedente en los niveles permitidos por los programas de Desarrollo Urbano aplicables”, añadió.

 

En Miguel Ángel 73, describió, el predio cuenta con uso de suelo habitacional con 4 niveles máximo, sin embargo, se observaron obras en curso para la construcción de un quinto y un sexto nivel, sin que exista algún documento emitido por SEDUVI que ampare los pisos adicionales.

 

El segundo caso es Cádiz 22, colonia Insurgentes Mixcoac, que cuenta con uso de suelo habitacional con comercio y tres niveles como máximo, pero en la visita se encontró que el inmueble ya está en proceso de venta con cuatro niveles construidos, uno más que lo permitido, además de carecer de autorización por parte del área de Conservación Patrimonial de la SEDUVI.

 

Una situación similar se encontró en Cádiz 24, en la misma colonia, donde ya está en proceso de venta un inmueble con cuatro niveles, en lugar de tres, y tampoco cuenta con autorización del área de Conservación Patrimonial.

 

“Por lo mismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano determinó la importancia de presentar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tres denuncias penales contra quien resulte responsable por posibles delitos contra la Ley de Desarrollo Urbano y, por supuesto, por la posible comisión del delito de corrupción inmobiliaria”, añadió.

 

Estos casos, dijo, son parte de un conjunto de 108 obras identificadas en el recorrido realizado en las colonias con reportes sobre la calidad del agua, de las cuales 77 están en proceso.

 

“De todas estas obras, insisto, 77 debieron contar con Registro de Manifestación de Construcción por parte de la alcaldía, es decir, fueron autorizadas por la alcaldía; y solamente una, en proceso de obra, cuenta con un Dictamen de Impacto Urbano emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, (…) lo que se observa es una actividad inusitada, anormal, un exceso, una actividad constructiva febril solamente en las colonias ubicadas en la poligonal: 78 obras, 77 autorizadas exclusivamente por la alcaldía”, mencionó.

 

En tanto, el coordinador general de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ulises Lara López, informó que el 18 de abril fueron ratificadas las denuncias presentadas por SEDUVI y ya iniciaron las diligencias.

 

“La representación social solicitó la inmediata intervención de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de arquitectura e ingeniería civil, así como de fotografía, para la búsqueda y levantamiento de indicios, luego de que fueron localizados inmuebles que exceden el número de niveles permitidos por la zonificación otorgada al mismo. El Ministerio Público solicitó también la intervención de la Policía de Investigación, a efecto de inspeccionar la zona con fotografías y croquis, así como para ubicar a testigos de los hechos”, destacó.

 

Recordó que la FGJCDMX comprobó la existencia de una red de corrupción en materia de bienes raíces en la Alcaldía de Benito Juárez, conocida como “cártel inmobiliario” que, al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias millonarias para desarrolladores inmobiliarios quienes, a su vez, pudieron devolver los favores mediante la sesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esta demarcación.

 

Al momento, recordó, han obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión contra servidores públicos y particulares, y cuatro personas han aceptado su culpabilidad y reparación del daño.