En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que el artículo 276 Quater establece que lo comete el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

 

“Cuando se permite la construcción masiva de niveles extraordinarios no autorizados por la ley, se reduce la factibilidad y disponibilidad del agua, aumenta el costo del suelo, el costo de la vivienda, el costo de las rentas y los riesgos de protección civil; cuando las obras se permiten sin ton ni son, sin orden, sin cumplir requisitos, sin cumplir con cada paso, ocurren situaciones como la de edificios nuevos que se derrumban con un temblor o, para referirme a un caso gravísimo reciente, la perforación de instalaciones estratégicas, como un túnel del Sistema Colectivo Metro. (…) Muchas permisibilidades, tolerancias y permisos falsos están fundadas en el beneficio económico que obtiene un funcionario para autorizar obras en lugares prohibidos o pisos de más, donde solo están autorizados cierto número de niveles. Si un caso particular de esa naturaleza es condenable, es más preocupante cuando se trata de un grupo de funcionarios que actúan de forma sistemática, colusiva, orquestada para obtener no un beneficio económico, sino grandes y poderosos beneficios económicos; es a eso a lo que se ha llamado recientemente ‘cártel inmobiliario’”, señaló.

 

Expuso, como caso de referencia, el “cártel inmobiliario” de Benito Juárez, que involucra a ex servidores públicos de la alcaldía, familiares y socios, quienes de manera organizada participaron en construcciones ilegales a través de dos modus operandi: la autorización de pisos de más a cambio de dinero en efectivo o departamentos en dichas construcciones, y la conformación de empresas en el mercado inmobiliario para otorgarse ellos mismos los permisos para las obras.

 

Precisó que el Gobierno capitalino detectó en año y medio 130 obras irregulares con pisos de más, relacionadas con este grupo en la demarcación, e incluso, en días recientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) identificó otras cuatro obras con pisos excedentes. Tras las indagatorias, dijo, hay 12 órdenes de aprehensión autorizadas por jueces, además de nueve detenidos, cuatro personas que se dieron a la fuga, y cuatro con sentencia quienes aceptaron su responsabilidad.

 

“En total, hablamos de, por lo menos, 26 funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez involucrados con el cártel inmobiliario y sobre los que se siguen diversas investigaciones. Los cuatro sentenciados, funcionarios de alto nivel, no solo aceptaron su responsabilidad y su culpa, sino que, además, están pagando una reparación del daño. Esa reparación del daño, hasta este momento, abarca más o menos un conjunto de inmuebles por un valor de 100 millones de pesos, es decir, estamos hablando de una enorme cantidad de recursos. Si son solamente 100 millones de pesos los que se han involucrado en una reparación del daño, la pregunta es, ¿cuántos cientos de millones de pesos ha obtenido este grupo a lo largo de estos 12 años? Algunos calculan que el cártel inmobiliario de Benito Juárez, por lo menos, ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos de más”, aseguró.

 

Por su parte, el coordinador general de Investigación Territorial, en suplencia de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara López, explicó que, de acuerdo con la Reforma al Código Penal, a quien incurra en el delito de corrupción inmobiliaria se le impondrá una pena de entre 10 y 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos, como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

 

La pena incrementará en una mitad cuando las conductas de corrupción inmobiliaria produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen parte.

 

Con ella, dijo, los Ministerios Públicos tendrán mayores y mejores herramientas para llevar a cabo su labor y poder encuadrar este tipo de conductas en las carpetas de investigación.

 

“Redoblaremos esfuerzos para investigar estas conductas y presentar ante las y los jueces los resultados de dichas indagatorias para prevenir la creación de redes de corrupción y de sobornos en las 16 alcaldías, aún más cuando sean creadas y protegidas por servidores y servidoras públicas. Con esta Reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria se les pondrá freno a los permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente beneficios económicos o de propiedades. La reforma misma evitará omisiones a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de los inmuebles”, afirmó.

 

Recordó que la FGJCDMX comprobó la existencia de una red de corrupción en el sector bienes raíces, en la Alcaldía Benito Juárez, que al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias adicionales a desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvieron favores mediante la cesión o venta de departamentos a precios de remate, a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esa demarcación.

 

“Hasta el momento, hemos obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos y particulares. Hemos llegado también a la conclusión de dos juicios abreviados, también con la correspondiente aceptación de culpabilidad de las personas procesadas y la reparación del daño, también en otras dos. Además de que continuamos con la integración de otras carpetas de investigación de las cuales en su momento daremos mayores detalles. Prueba de ello también es que la Fiscalía General de Justicia, en este tema en particular, ha asegurado al menos 60 inmuebles, producto de componendas, propiedades, cuyo valor en el mercado es de decenas de millones de pesos por el tipo de construcción y sus ubicaciones, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán”, detalló.

 

En tanto, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Inti Muñoz Santini, aseguró que esta tipificación permite a vecinas y vecinos defenderse y denunciar cuando servidores públicos autoricen obras o desarrollos inmobiliarios sin apego a la normatividad.

 

“La corrupción daña a la sociedad, genera daños económicos, afecta el presupuesto público, deja sin recursos los proyectos que se destinan, que se desarrollan para beneficiar a las personas, para resolver los problemas de la gente, daña la economía, aumenta la pobreza. Pero la corrupción inmobiliaria hace un daño mayor aún porque daña el tejido urbano, daña el territorio, daña la calidad de vida de las personas, afecta el derecho a habitar la ciudad dignamente. (...) Toda construcción autorizada en el pasado, todas, incluyendo las que pueda haber autorizado en el pasado la Secretaría de Desarrollo Urbano y tenga algún tipo de dictamen que está vigente, son permanentemente puestas a revisión”, concluyó.