Ciudad de México.— La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, con la que busca establecer mecanismos de mediación, reparación del daño y atención temprana de conflictos vecinales y familiares, antes de que las diferencias deriven en situaciones de violencia.

 

La propuesta contempla que determinadas conductas de baja gravedad, como la sustracción de bienes cuyo valor sea inferior a cinco mil 800 pesos, puedan atenderse mediante procedimientos de justicia cívica, siempre que se cumplan condiciones específicas y no existan circunstancias agravantes.

 

Durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada explicó que el proyecto fue elaborado durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz y plantea modificar la manera en que las autoridades intervienen ante infracciones y problemas de convivencia comunitaria.

 

La mandataria señaló que el propósito es sustituir un esquema centrado principalmente en la sanción por otro que también permita identificar las causas de los conflictos, promover acuerdos entre las partes y establecer medidas para evitar que las conductas se repitan.

 

“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, expresó al explicar los alcances de la iniciativa.

 

Uno de los puntos centrales consiste en incorporar mecanismos alternativos de solución de controversias para atender determinados casos que actualmente pueden derivar en procedimientos más prolongados.

 

Entre los supuestos considerados se encuentran algunas conductas relacionadas con la sustracción de objetos de bajo valor y ciertas situaciones de violencia verbal en el ámbito familiar. Sin embargo, la propuesta establece restricciones para impedir que hechos con violencia física, agravantes o características de mayor gravedad sean tratados mediante esta vía.

 

Brugada aclaró que la reforma no contempla modificaciones al Código Penal y tampoco elimina el derecho de las personas afectadas a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

 

De acuerdo con lo expuesto, las víctimas podrán recurrir a la instancia penal o a los mecanismos cívicos cuando las características del caso y la legislación lo permitan, con la finalidad de obtener soluciones como la devolución de bienes, la reparación del daño y acuerdos que contribuyan a prevenir nuevas infracciones.

 

La iniciativa está organizada en diez ejes estratégicos que incluyen la prevención de conflictos, la responsabilidad de quienes cometen faltas, la restauración de las relaciones comunitarias y la incorporación de procedimientos más accesibles para la ciudadanía.

 

También propone crear la figura de agentes psicosociales restaurativos, quienes participarían en los procesos de atención y acompañamiento relacionados con la resolución de conflictos y la reconstrucción de la convivencia.

 

Otra de las modificaciones planteadas es la realización de juicios orales mediante audiencias públicas, en las que las personas involucradas puedan presentar directamente sus argumentos ante una autoridad judicial cívica.

 

Según el Gobierno capitalino, este mecanismo permitiría agilizar las resoluciones, ofrecer mayor transparencia en los procedimientos y fortalecer las garantías de imparcialidad.

 

La reforma busca que la justicia cívica tenga un papel más activo en la prevención de la violencia cotidiana, particularmente en comunidades donde los desacuerdos vecinales, familiares o sociales pueden agravarse por la falta de mecanismos oportunos de atención.

 

Por ahora, las medidas forman parte de una iniciativa de reforma y su aplicación dependerá de que sean aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México.

 

Con este planteamiento, la administración capitalina pretende ampliar las herramientas institucionales para resolver conflictos de menor gravedad, sin sustituir los procedimientos penales que correspondan conforme a la legislación vigente.

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