En un acto de justicia histórica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la restitución de tierras comunales a los pueblos originarios Ódami y Rarámuri, en el corazón de la Sierra Tarahumara. Desde Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se formalizó la entrega de 502.3 hectáreas a la comunidad de Mesa Colorada y 317.9 hectáreas a la comunidad de Mogótavo, devolviendo a estas comunidades la propiedad ancestral que durante generaciones les fue arrebatada.

 

Este acontecimiento forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una iniciativa que nació bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora se fortalece con la nueva administración. Más allá de la dimensión legal, la entrega representa el reconocimiento de una deuda histórica, el rescate de la dignidad colectiva y un acto de respeto hacia culturas que han resistido al despojo y al olvido.

 

Durante su intervención, la mandataria subrayó que esta acción no solo reafirma el compromiso con los derechos de los pueblos indígenas, sino que es una manifestación del humanismo y la visión social de la llamada Cuarta Transformación. “Les regresamos la tierra que siempre les ha pertenecido. Esto es justicia, justicia verdadera”, expresó Sheinbaum, acompañada por autoridades locales y representantes comunitarios.

 

La jornada también marcó el inicio del programa Caminos Artesanales, mediante el cual se construirán 16 caminos rurales que facilitarán la conectividad entre las comunidades dispersas en la sierra. Asimismo, se presentó la estrategia “Salud Casa por Casa”, que contempla brigadas médicas itinerantes con visitas mensuales a cargo de la Secretaría de Bienestar y el IMSS Bienestar. Esta medida se complementará con la construcción de escuelas de enfermería en la región, fortaleciendo la educación media superior y fomentando el desarrollo de talento local en el sector salud.

 

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que las hectáreas restituidas a Mesa Colorada y Mogótavo se suman a las 2,178 hectáreas devueltas previamente en las comunidades de Bosques de San Elías Repechique y Guasachique, sumando un total de 2,998.9 hectáreas recuperadas en lo que va del proceso.

 

Por su parte, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, explicó que el Plan de Justicia ha requerido una inversión superior a los 5,441 millones de pesos. Esta cifra ha sido destinada a una serie de acciones estructurales que incluyen la restitución de tierras, la promoción de la justicia ambiental, la electrificación de comunidades, la construcción de caminos y el fortalecimiento de la educación indígena.

 

En el ámbito de la sostenibilidad, se han entregado más de 102 mil apoyos del programa Sembrando Vida por un monto cercano a los 592 millones de pesos. Además, la Comisión Nacional Forestal ha canalizado recursos por más de 224 millones para la protección de los ecosistemas entre 2022 y 2024, con una proyección de 30.4 millones adicionales para este año.

 

La infraestructura también ha recibido una inversión significativa. La Comisión Federal de Electricidad ha realizado 371 obras de electrificación entre 2018 y 2024, beneficiando a más de 3,300 viviendas. Para 2025 se proyecta la ejecución de 342 obras más, con el objetivo de llevar luz a 3,636 hogares adicionales.

 

En materia educativa, se ha reforzado la operación de 129 Casas y Comedores para la Niñez Indígena, atendiendo a más de 8,200 menores. A esto se suma la apertura prevista de 40 nuevos espacios en 2025, con la meta de alcanzar 110 en 2027, logrando así una cobertura total en la región. En el ámbito de la educación superior, se han otorgado más de 72 apoyos económicos a estudiantes indígenas y se avanza en la transformación de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en una Universidad Indígena Intercultural.

 

Finalmente, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el Fondo de Aportaciones Indígenas para la Infraestructura Social destinará 354 millones de pesos adicionales al desarrollo de las comunidades Rarámuri y Tepehuanas, con el fin de seguir cerrando brechas históricas de desigualdad.

 

Lo que ocurre hoy en la Sierra Tarahumara no es solo la restitución de tierras: es la restitución de la palabra, del lugar en la historia y de los derechos de quienes han sido guardianes de la tierra y la identidad nacional. El desafío ahora es garantizar que estas acciones trasciendan el discurso y se traduzcan en una transformación duradera, basada en el respeto, la equidad y la participación de los pueblos indígenas en el diseño de su propio futuro.

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