Ciudad de México. – En un movimiento que busca consolidar la soberanía nacional y dinamizar la economía desde sus cimientos, el Gobierno de México ha puesto en marcha el ambicioso Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Esta hoja de ruta no solo representa una cifra astronómica de recursos, sino un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el capital privado.

 

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, solo para el ciclo en curso, se han liberado 722 mil millones de pesos adicionales a los presupuestos ya establecidos. Este monto, que representa una quinta parte de cada cien pesos producidos en el país (2% del PIB), se dirigirá a sectores neurálgicos como energía, transporte ferroviario, salud y educación.

 

Sin embargo, el dato que ha captado la atención de los mercados internacionales es la proyección sexenal: una bolsa total de 5.6 billones de pesos. Según la mandataria, el objetivo es garantizar que el crecimiento económico no se quede en las gráficas macroeconómicas, sino que se traduzca en una "prosperidad compartida" que llegue a los rincones más olvidados del territorio.

 

A diferencia de las administraciones anteriores, donde el sector público solía asumir deudas costosas para que privados ejecutaran obras, la nueva estrategia introduce el concepto de inversión mixta colaborativa. En este formato, el Gobierno mantiene la propiedad y el control estratégico de los proyectos, mientras que el sector privado o social (incluyendo ejidos y comunidades) aporta capital para acelerar el desarrollo.

 

“No se trata de ceder la soberanía ni de contratar créditos con tasas asfixiantes”, enfatizó Sheinbaum durante su comparecencia matutina. El modelo busca que el Estado dicte las reglas de operación y los objetivos sociales, asegurando que los beneficios se repartan de manera equitativa.

 

El Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, reveló que para llegar a este plan se realizó un escrutinio técnico de más de 1,500 proyectos individuales. La ejecución se sostendrá sobre cuatro ejes fundamentales:

 

Gobernanza Directa: Un Consejo de Planeación liderado por la propia Presidencia para evitar cuellos de botella burocráticos.

 

Ingeniería Financiera: Creación de vehículos de inversión especializados que optimizan costos y garantizan la transparencia total.

 

Modernización Legal: Una actualización normativa para integrar los contratos mixtos bajo un marco de justicia social.

 

Inteligencia de Datos: Una base nacional que ofrecerá métricas claras tanto para el gobierno como para posibles inversionistas, facilitando la planeación a largo plazo.

 

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez, titular de Banobras, señaló que este modelo ya ha dado resultados tangibles, citando la reciente adquisición de activos energéticos a Iberdrola y proyectos clave de conectividad como el Aeropuerto de Tepic. Según el directivo, esta fórmula permite proteger las finanzas públicas al no depender de una sola fuente de financiamiento, permitiendo que el desarrollo regional sea el verdadero motor de la soberanía nacional.

 

Con este plan, México se posiciona en una ruta de crecimiento que intenta equilibrar la eficiencia del mercado con una férrea intervención estatal, buscando un impacto directo en la creación de empleos dignos y el fortalecimiento de la infraestructura básica hasta el final de la década.

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