Ciudad de México.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una propuesta de reforma electoral acompañada de un “decálogo por la democracia”, un conjunto de diez medidas que buscan transformar distintos componentes del sistema político-electoral del país. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados y plantea modificaciones en temas como la representación proporcional, el financiamiento de campañas, la fiscalización de recursos, la participación ciudadana y las reglas sobre reelección y nepotismo.

 

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta responde a demandas ciudadanas para revisar el funcionamiento del modelo electoral vigente y fortalecer mecanismos de transparencia y participación. Señaló que el objetivo es modernizar las reglas del sistema político sin afectar la certeza de los procesos electorales.

 

Uno de los cambios centrales se refiere al mecanismo de integración de la Cámara de Diputados. La propuesta mantiene los 200 escaños de representación proporcional, pero plantea modificar su forma de asignación. Según explicó la presidenta, la mitad de estos lugares se otorgaría a las candidaturas que, aunque no obtuvieron la victoria en su distrito, lograron los resultados más competitivos. Los otros cien serían elegidos mediante votación directa de la ciudadanía, permitiendo seleccionar a una mujer y a un hombre por circunscripción para representar a cada partido político.

 

En el caso del Senado, la iniciativa propone eliminar la figura de representación proporcional. Bajo el nuevo esquema, los escaños se asignarían únicamente a las fórmulas que obtengan la mayoría de votos y a la primera minoría en cada entidad federativa, con lo cual se modificaría el modelo actual de integración de la cámara alta.

 

Otro de los ejes del decálogo contempla una reducción del gasto público destinado a la organización de elecciones. La propuesta plantea disminuir en 25 por ciento el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales electorales y a los partidos políticos, con el argumento de optimizar el uso de recursos y fortalecer al mismo tiempo los mecanismos de control sobre el financiamiento de campañas.

 

En materia de fiscalización, la reforma busca reforzar la coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito de detectar recursos de origen ilícito o irregular en procesos electorales, así como evitar el rebase de topes de gasto durante las campañas.

 

La iniciativa también incluye medidas para ampliar la representación política de la comunidad mexicana en el extranjero. En este sentido, se propone que los ciudadanos que residen fuera del país elijan a ocho diputados federales que los representen en el Congreso, asignados conforme a los resultados de las fuerzas políticas que obtengan mayor respaldo entre los votantes en el exterior.

 

Dentro del decálogo se plantea además reducir la saturación de propaganda política en radio y televisión durante los periodos de campaña. La propuesta busca disminuir la repetición de anuncios sin eliminar los tiempos oficiales del Estado en los medios de comunicación.

 

Otro punto relevante establece que cualquier propaganda electoral elaborada mediante herramientas de inteligencia artificial deberá incluir una identificación visible que informe al público sobre el uso de esta tecnología, con la finalidad de evitar la difusión de contenidos manipulados o información falsa.

 

La reforma también propone que el cómputo distrital de votos inicie el mismo día de la elección, en lugar de comenzar dos días después como ocurre actualmente. Este cambio permitiría acelerar la contabilización oficial de los sufragios sin modificar el funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

 

En el ámbito de la democracia participativa, el decálogo plantea facilitar la realización de consultas ciudadanas. La propuesta establece que estos ejercicios puedan ser solicitados por la ciudadanía cuando se reúna el respaldo del dos por ciento de la lista nominal de electores, aunque se mantendrían limitaciones respecto a los temas que pueden someterse a consulta.

 

Finalmente, la iniciativa contempla prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y eliminar la reelección inmediata. De aprobarse la reforma, a partir de 2030 ninguna persona podría dejar un cargo público para que un familiar directo lo ocupe en la siguiente elección, y tampoco se permitiría que quienes ejerzan un puesto de elección popular busquen mantenerse en el mismo cargo durante el periodo inmediato posterior.

 

La presidenta defendió la legitimidad de la propuesta al señalar que responde a compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso electoral. Indicó que la discusión ahora corresponderá al Poder Legislativo y sostuvo que el debate público permitirá definir el rumbo de la iniciativa. También reconoció que, en caso de no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, su gobierno podría explorar ajustes a través de reformas a leyes secundarias en una etapa posterior.

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