Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre una presunta red de vínculos empresariales y políticos relacionada con la contratación de materiales electorales en México, cuya operación, según el informe gubernamental, se remonta a varias décadas.

 

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las indagatorias, elaboradas a partir de fuentes abiertas, identificaron conexiones entre empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, antiguos funcionarios públicos y personas vinculadas con el partido político SOMOS.

 

Sheinbaum sostuvo que estos proveedores fortalecieron su participación en las contrataciones electorales durante el periodo de 2014 a 2023, cuando Lorenzo Córdova presidió el Instituto Nacional Electoral (INE).

 

La presidenta cuestionó la concentración de contratos en determinadas empresas y pidió esclarecer los procedimientos mediante los cuales fueron seleccionadas para suministrar materiales utilizados en los procesos electorales.

 

También mencionó presuntos vínculos políticos con Lorenzo Córdova y Guadalupe Acosta Naranjo. Sin embargo, las relaciones señaladas por el Ejecutivo no constituyen, por sí mismas, pruebas de conductas ilícitas ni acreditan responsabilidades individuales.

 

La mandataria precisó que cualquier posible irregularidad, incluida la actuación de funcionarios de la actual administración electoral, deberá ser examinada por las autoridades competentes, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía.

 

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una reconstrucción histórica de las relaciones laborales y empresariales identificadas en la investigación.

 

Explicó que entre 1983 y 1988 los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

 

Durante ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del RENAPO, mientras que Raymundo Hernández Casillas ocupó un puesto en el área de Recursos Financieros y Materiales en 1987.

 

La funcionaria indicó que en 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica y que, un año después, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde José Alfredo Hernández Casillas volvió a desempeñarse como su secretario particular.

 

En 1989, Raymundo Hernández Casillas también se incorporó al área de Investigaciones del organismo de inteligencia.

 

Buenrostro recordó que, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la organización de las elecciones federales todavía se encontraba bajo la esfera de la Secretaría de Gobernación, antes de la consolidación del modelo de autoridad electoral autónoma.

 

La investigación gubernamental señala que en 1992 se constituyó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, relacionada con Raymundo Francisco Hernández Casillas.

 

Posteriormente, Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México en 1999.

 

Uno de los antecedentes destacados corresponde a 2005, cuando dicha empresa obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para el suministro de material electoral.

 

De acuerdo con la exposición de la secretaria, ese año se registraron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en el organismo electoral mexiquense, en un contexto que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.

 

La presentación de estos antecedentes busca explicar, según el Gobierno federal, cómo determinadas empresas establecieron relaciones comerciales prolongadas con instituciones encargadas de organizar elecciones.

 

Como parte de las medidas anunciadas, Sheinbaum informó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México y ampliar la participación institucional en su Consejo de Administración.

 

La propuesta contempla incorporar a más secretarías de Estado, representantes de instituciones académicas y a la Auditoría Superior de la Federación en calidad de observadora.

 

El objetivo planteado por la presidenta es que Talleres Gráficos de México asuma la fabricación del material electoral que corresponda a sus capacidades, mientras que otros insumos sean adquiridos a empresas mexicanas.

 

La mandataria sostuvo que este modelo permitiría fortalecer la supervisión de las contrataciones y dar mayor transparencia al uso de recursos públicos destinados a los procesos electorales.

 

Hasta lo expuesto en esta presentación, los señalamientos corresponden a hallazgos y acusaciones formulados por el Gobierno federal. No se informó de una resolución judicial que acredite la existencia de una red delictiva ni de responsabilidades penales de las personas mencionadas.

 

La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de adquisición de materiales electorales y la necesidad de garantizar procedimientos transparentes, competitivos y sujetos a fiscalización, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de empresas, funcionarios o exfuncionarios involucrados.

​