Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ejecutará de inmediato las tres órdenes de aprehensión vigentes contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en caso de que las autoridades estadounidenses determinen su deportación a México. La presentadora es investigada por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

 

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus homólogas de Estados Unidos para dar seguimiento a la situación jurídica de Gómez Mont, quien enfrenta procedimientos relacionados con su condición migratoria en ese país.

 

Mediante un videomensaje, la funcionaria explicó que la Fiscalía ha proporcionado a las autoridades estadounidenses la documentación correspondiente a los mandamientos judiciales emitidos por jueces federales mexicanos, con el propósito de que la exconductora comparezca ante la justicia nacional.

 

Godoy Ramos aclaró que la situación actual de Gómez Mont en territorio estadounidense corresponde a un procedimiento migratorio cuya resolución depende exclusivamente de las autoridades de ese país.

 

Sin embargo, advirtió que una eventual deportación permitiría a la FGR ejecutar las órdenes de captura tan pronto como la exconductora ingresara a territorio mexicano.

 

La fiscal detalló que, desde septiembre de 2025, el Gobierno mexicano solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición, como parte de las acciones encaminadas a conseguir su presentación ante los tribunales.

 

Posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se integró la petición formal correspondiente para dar continuidad al procedimiento internacional.

 

De acuerdo con la información proporcionada, la exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión relacionadas con investigaciones federales que abarcan presuntas irregularidades fiscales y operaciones financieras vinculadas con recursos públicos.

 

Uno de los mandamientos judiciales fue solicitado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su probable intervención en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Las otras dos órdenes fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, derivadas de investigaciones por presunta defraudación fiscal equiparada.

 

Según las indagatorias expuestas por la fiscal general, Gómez Mont habría recibido depósitos en cuentas bancarias personales provenientes de un presunto mecanismo de desvío de recursos públicos.

 

La investigación apunta a operaciones relacionadas con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependencia responsable de la administración de los centros penitenciarios federales.

 

La FGR sostiene que los recursos habrían sido movilizados mediante un esquema de triangulación financiera en el que participaron empresas presuntamente utilizadas para simular operaciones comerciales y ocultar el destino del dinero.

 

Estas compañías, comúnmente identificadas como empresas fantasma, habrían intervenido en movimientos financieros relacionados con contratos públicos que, según la Fiscalía, alcanzaron aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos.

 

La autoridad federal investiga si parte de esos recursos terminó en cuentas vinculadas con la exconductora y si existieron mecanismos destinados a encubrir su procedencia.

 

No obstante, las acusaciones forman parte de investigaciones penales y deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales correspondientes.

 

En materia fiscal, la Fiscalía señaló que Gómez Mont habría reportado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

 

De acuerdo con las investigaciones, estas presuntas omisiones habrían provocado un perjuicio a la Hacienda Pública superior a 13 millones de pesos, cantidad relacionada con los delitos de defraudación fiscal equiparada que se le atribuyen.

 

La fiscal general explicó que este tipo de conductas pueden afectar los recursos disponibles para financiar programas y servicios públicos, particularmente cuando se encuentran relacionadas con posibles esquemas de simulación de operaciones y evasión de obligaciones tributarias.

 

Asimismo, señaló que las investigaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita buscan determinar si se utilizaron mecanismos financieros para ocultar el origen, movimiento o destino de dinero obtenido mediante actividades presuntamente ilegales.

 

Godoy Ramos subrayó que las indagatorias no se limitan a las personas que aparecen como beneficiarias de los recursos, sino que también buscan identificar los mecanismos utilizados para su transferencia y las posibles responsabilidades de quienes intervinieron.

 

La funcionaria sostuvo que el combate a la corrupción y a los delitos financieros constituye una prioridad institucional, especialmente cuando las investigaciones involucran recursos destinados originalmente a funciones del Estado.

 

En ese sentido, afirmó que el desvío de dinero público y el incumplimiento de obligaciones fiscales representan afectaciones al patrimonio colectivo y a la capacidad de las instituciones para atender las necesidades de la población.

 

La fiscal también enfatizó que la colaboración internacional resulta fundamental cuando las personas requeridas por la justicia mexicana se encuentran fuera del territorio nacional.

 

En el caso de Gómez Mont, la coordinación con Estados Unidos ha permitido intercambiar información sobre los procedimientos pendientes y mantener vigentes las gestiones encaminadas a su eventual presentación ante los tribunales mexicanos.

 

La FGR precisó que la deportación y la extradición son procedimientos distintos, aunque ambos podrían conducir, bajo las condiciones legales correspondientes, al regreso de una persona requerida por autoridades judiciales.

 

Por el momento, la Fiscalía no anunció una fecha para la eventual deportación de la exconductora ni informó que exista una resolución definitiva de las autoridades migratorias estadounidenses.

 

La dependencia tampoco precisó cuándo podría concluir el procedimiento de extradición solicitado desde 2025.

 

Pese a la gravedad de los delitos investigados, Ernestina Godoy Ramos reconoció expresamente que Inés Gómez Mont conserva su derecho a la presunción de inocencia, por lo que ninguna de las acusaciones constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

 

Será responsabilidad de los tribunales mexicanos analizar las pruebas presentadas, garantizar el debido proceso y determinar si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad penal.

 

La fiscal general reiteró que el objetivo de la institución es conseguir que la exconductora comparezca ante la justicia para responder por los señalamientos formulados en su contra.

 

Con tres órdenes de aprehensión vigentes, una solicitud de extradición y una posible resolución migratoria pendiente en Estados Unidos, el caso de Inés Gómez Mont continúa abierto.

 

La FGR aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades estadounidenses y que, si se concreta su deportación, procederá a ejecutar los mandamientos judiciales correspondientes, mientras que la determinación de su responsabilidad quedará exclusivamente en manos de los jueces mexicanos.

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